La UNP

La Unidad Nacional de Protección es un organismo encargado de dar seguridad y servicio de escolta en todo el territorio, a las personas en situación de riesgo, derivadas de sus actividades políticas, judiciales, periodísticas, sindicales, comunitarias, económicas, defensa del medio ambiente, de Derechos Humanos, a más de otras poblaciones vulnerables, buscando garantizar la protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. 

Adscrita al Ministerio del Interior, fue creada por el decreto 4065 de 2011 de la presidencia de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales e), f) y g) del artículo 18 de la Ley 1444 del mismo año. 

La UNP maneja un rango de riesgo para clasificar el nivel de seguridad requerido por el protegido, el cual fue establecido por la sentencia T-1026 de 2002 de la Corte Constitucional y posteriormente definido por el Decreto 4912 de 2011, compilado por el decreto 1066 del 26 de mayo de 2015. 

El procedimiento para acceder a su protección se inicia con el diligenciamiento del formulario de inscripción correspondiente, cayendo bajo la lupa de la ciudadanía por sus constantes escándalos al interior de la misma, bien por sus contratos o por la utilización de los vehículos asignados, en la comisión de graves delitos como acaba de suceder, al ser detenida en la vía La Plata – Popayán el pasado 10 de diciembre, una de las camionetas del esquema de seguridad, asignada al exsubdirector de Protección de la entidad, Ronald Rodríguez Roso, encontrándose en su interior 150 kilos de cocaína, a más de gorras, placas y demás emblemas de la Unidad Nacional de Protección. 

El conductor al ser identificado dijo ser exsubintendente de la Policía y será clave para desarticular una mafia enquistada en la entidad, que involucraría a actuales funcionarios y otros ya retirados de mediano y alto nivel. 

Lo curioso es que el conductor ya había sido vinculado a otro reciente episodio en donde las autoridades encontraron otro cargamento, también en vehículo de la entidad el pasado 20 de agosto, precisamente en la vía a Cerritos, muy cercana a nuestra ciudad, sin que nada hubiese pasado. 

Es de anotar que este mismo sujeto también había sido denunciado días atrás por el supuesto hurto o apropiación de un BMW, que extrañamente había tomado en arriendo por siete millones de pesos. 

El escándalo se da en momentos en que la entidad adjudica contratos por más de 80.539 millones de pesos para el alquiler de más de 800 camionetas blindadas para entregar a un sinnúmero de protegidos. 

Una de las empresas favorecidas está relacionada con Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como el “zar de la seguridad” y quien está prófugo de la justicia al ser condenado a siete años de cárcel por ser cabeza de un grupo que en 2012 incurrió en un cartel de contratación y licitaciones con falsa documentación en seguridad privada. 

De igual manera está ampliamente demostrado el alto pago por blindajes inexistentes hecho por la UNP, como también la salida de funcionarios de la institución para luego aparecer como empleados de las empresas a las que se les otorgaban los contratos, a manera de puerta giratoria. 

La planta fija de la UNP es de 1.200 hombres más 700 de protección, 1900 en total, fuera de 6.000 tercerizados que aparecen en los contratos adjudicados, para ser asignados a 3.745 vehículos blindados, más 1.650 convencionales. 

Hay Senadores que cuentan con tres camionetas blindadas con todo el esquema completo de seguridad, a unos costos exorbitantes, pretextando alto riesgo. 

Semejante despilfarro continúa igual bajo el “Gobierno del cambio”, haciéndose necesario su inminente revisión, pues, no se justifica, por ejemplo, que los congresistas, a más de los 39 millones de pesos mensuales que devengan, les tengamos que pagar el “caprichoso y ostentoso” esquema de protección del que hacen alarde. 

De suprimírseles, seguro estamos que muy pocos lo mantendrían. Y como si todo esto fuese poco, el equipo jurídico del medio de comunicación “Derecho de los pueblos”, presentó recientemente una denuncia pública en la que señalan que la Unidad Nacional de Protección (UNP), se convirtió en una agencia de espionaje que amenaza la labor de los defensores de Derechos Humanos. 

Todo este despilfarro y descarado robo de las arcas estatales, nos indica a las claras que no requerimos de reformas tributarias, sino de gobiernos honestos, dispuestos a gobernar en el estricto sentido de la palabra.

Alberto Zuluaga Trujillo 
alzutru45@hotmail.com

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