Corremos, o nos corren

No hay comparación alguna entre las marchas del 21 de abril y la del 1° de mayo. Mientras la del 21 fue libre y multitudinaria, la del 1° fue apropiada, obligada y transportada, al menos en Bogotá. Pero aun así, el déspota alimentó su ego, dando rienda suelta a su acostumbrada verborrea, cargada de odio y de epítetos polarizantes. 

Acusó a los marchantes de la primera de añorar la Constitución del 86, su Estado de Sitio y el Estatuto de Seguridad. Fustigó al Congreso por no avanzar en la aprobación de sus reformas, como si éste fuera un apéndice del Ejecutivo (aunque en la realidad así pareciera). 

Sin disimulo alguno volvió a su propuesta, no la original de una constituyente, sino de levantar la “bandera del poder constituyente”. Al referirse a la investigación por la presunta violación de los topes de su campaña, lo relacionó con el supuesto golpe de Estado que él asegura se está planeando en su contra. 

Es la forma de blindarse frente a la comprobación el día de mañana, de ese claro delito sobre el que el CNE está próximo a pronunciarse. “Este es un mensaje que debe quedar claro en todas las plazas del país, en todos los barrios, si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles”. 

Ante este claro escenario de abierta manipulación y tergiversación de los hechos, una profunda y gigantesca impotencia se apodera del ciudadano de a pie, el colombiano honesto y cumplidor de sus deberes, que lo es en su inmensa mayoría, al no tener certeza alguna de cómo proceder ante tamaños desafueros de quien encarna la majestad de la República. 

Un poder Legislativo arrodillado por la mermelada, en un claro prevaricato entendido en su real significado de desviación del camino recto o caminar torcido, desde luego, difícil de probar, pues, prestos alegarían que los proyectos votados afirmativamente son en defensa del pueblo que los eligió. 

Un poder Judicial bastante cuestionado por sus fallos, no en derecho sino en pesos, por miles de millones. Una Fuerza Pública castrada en su formación y profesionalidad que responde, no por el respeto a la institucionalidad, sino por la fidelidad a quien la compra. 

Un empresariado corrupto y negociante que protege su dinero por encima de los intereses generales de un pueblo que utiliza sus servicios. Una clase política, ladrona y sinvergüenza, que se aprovecha de la ignorancia y la pobreza para servirse del poder. 

¿Qué hacer? Difícil respuesta. Esperar pacientemente los dos años que faltan para expulsar en democracia al abanderado de este sistema de izquierda, con todo lo que representa, y decirle al señor Petro que Colombia no quiere su inoperante y corrupto Gobierno, a sabiendas de lo que se propone al término de sus cuatro años, de comprar descarada y abiertamente la conciencia de un pueblo empobrecido en su mandato y obligado en su precariedad a votar nuevamente por Él. 

O, por el contrario, consciente de que cada día que pasa es una pérdida en democracia y un atraso más para un país que ha venido luchando valientemente para superarse, como por ejemplo, su incansable trabajo en consolidar durante largos 30 años un sistema de salud, que pese a sus fallas es susceptible de mejorar y que por simple capricho y demagogia de esa izquierda retrógrada busca desaparecer a toda costa, al igual que apoderarse de los billonarios recursos del ahorro privado de los pensionados y actuales cotizantes, como sucedió en Argentina y Chile.

¿no sería indicado lanzarse a un paro indefinido hasta obligar a esas Fuerzas del Orden a quitarle su respaldo? ¿El obstinado empeño en no firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas, buscando un liderazgo mundial en momentos en que se habla del cambio climático, condenando a la Nación a no recibir el 4% del PIB y un aporte fiscal al año de 26.4 billones, equivalentes al 17% de los ingresos de la Nación, sin que pueda reemplazarse por nada, no es una irresponsabilidad inmensa que compromete seriamente el desarrollo futuro del país? 

¿El cierre diario de empresas y negocios de comercio con la desaparición de cientos de empleos, no nos está diciendo a las claras que algo urgente, fuera de lo común, hay que hacer antes de que sea tarde? ¿El impacto en el levantamiento catastral de la propiedad, contentivo en un proyecto de decreto que empodera a las etnias indígenas y negras para expedir las “cédulas” de los predios, dándoles poder con relación a los bienes en que tengan aspiraciones territoriales, incluso en las que nunca han estado, no es motivo suficiente para frenar el despropósito de un Gobierno, tarea que en democracia limpia y honesta corresponde al Congreso? O corremos, o nos corren.

Alberto Zuluaga Trujillo. 
Alzutru45@hotmail.com

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