Urge la reforma a la justicia

 La importancia de la justicia se centra en el cumplimiento de las leyes, las que, concebidas de manera objetiva y equitativa, le permiten a la sociedad dar a cada quien lo que le corresponde, suponiendo la igualdad de todos ante ella. Ni más ni menos, es el principio moral que determina el honesto vivir. 

El principal enemigo de la justicia es la corrupción, manifestada bajo tres maneras: soborno, influencia indebida de intereses públicos y/o privados y apropiación incorrecta de los fondos públicos. 

La utilización de estas formas de corrupción han degrado la justicia, que ya cuenta con su propio cartel; “el de los togados”. Entre los innumerables actos de corrupción que a diario y minuteramente se advierten, están las irregularidades cometidas en la contratación pública. 

Asombra conocer en Cali la Feria virtual, en la que se declaró por la Procuraduría General de la Nación la responsabilidad disciplinaria del alcalde Jorge Iván Ospina y del secretario de Cultura, José Darwin Lenis. Pese a que la demanda y la investigación se adelantaron en el 2020, en plena pandemia, lo insólito y risible, si así puede llamarse, es que el ente investigador suspendió al mandatario por cuatro meses e inhabilitó al secretario por nueve años para ocupar cargos públicos, faltándoles cinco días para terminar sus períodos, investigación en la que la Procuraduría calificó de “falta gravísima” el hecho de haber celebrado contratos con costos injustificados para un evento virtual por $11.955.020.000. 

Casi cuatro meses después de que se realizara la Feria Virtual, la Contraloría General de la República en un informe preliminar de auditoría encontró irregularidades y observaciones con incidencias fiscales por más de $5.000 mil millones de pesos, con 115 hallazgos, de los cuales 14 son fiscales y 11 penales. Y así se robaron a Cali, como a diario se roban el país. 

Pocos gobernadores y alcaldes de los que terminaron sus mandatos el 31 de diciembre, pueden salir limpios de sus gestiones si realmente se ejerciera el control y vigilancia que la ley ordena. Inexplicable que funcionarios de toda una vida viviendo del sueldo que el cargo público les da, logren acumular propiedades millonarias, o que alguien, sin mayores recursos, llegando a un cargo como ordenador del gasto público, en cuatro años salga con un patrimonio que en su vida profesional nunca vería. 

Ejemplos a granel los tenemos por doquier. De vivir en barrios modestos, apenas empezando sus mandatos se mudan a lujosas mansiones que ni en sueños se las imaginaron. 

Pero estamos en Colombia y hoy más que nunca, existe un despertar creciente de ciudadanos dispuestos a “sacrificarse” por la ciudad o el departamento. Ese amor inconmensurable, es, desde luego, por el dinero. 

La Vicepresidenta, a quien en un país “normal” semejante chanfa no llega como caída del cielo, encuentra en su socio de la fórmula presidencial a un hombre generoso que le crea un ministerio a su medida; el de la “Igualdad y Equidad”, con cinco viceministerios, tres más que los demás ministerios y una nómina de 774 personas, cuyo costo supera los $3.548 millones. Y eso que estamos bajo el Gobierno del “Cambio” el que en campaña habló de total austeridad. 

Una investigación periodística reveló que la primera dama Verónica Alcocer viaja con una comitiva integrada por un estilista de su entera confianza, una asesora que es su mejor amiga, una comunicadora, un fotógrafo personal y su masajista Nerú. Sin ser funcionaria, su costo sobrepasa hoy los $1.500 millones a través de contratos gestionados por la Consejería para la Reconciliación y la Cooperativa de trabajo Savi que se encarga de tercerizar la contratación en RTVC, el Sistema de Medios Públicos, dependencias en las que la primera dama maneja cuotas burocráticas. 

Tanto la Consejería como la Cooperativa, están destinadas a pagar maquilladores, masajistas, fotógrafos y helicópteros para los mejores amigos de la familia. El “gabinete” de Verónica Alcocer, es mejor pagado que el de Petro, dicen los entendidos. 

Bien se sabe, que para que haya verdadera paz tiene que haber justicia y esa es precisamente nuestra mayor debilidad. Pese a haberse anunciado la conformación de una comisión para la reforma de la justicia, nada de importante puede esperarse de ella, pues sus conclusiones finales deberán estar alineadas con el pensamiento del primer mandatario, quien, en otro chispazo de su inquieta mente “adicta al café” dijo: “si quitamos los crímenes del Código Penal, habrá por definición menos crímenes”. Pagando $1.000.000 de pesos para no matar, nunca alcanzaremos la paz que anhelamos. 

Alberto Zuluaga Trujillo. 
Alzutru45@hotmail.com

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