Reescribiendo la historia

 El paso del tiempo puede borrar el impacto que un hecho sobresaliente haya causado a la sociedad que lo vivió, pero lo que no es posible es que elimine el hecho sucedido. La conmemoración del robo de la espada de Bolívar que el gobierno Petro realizó el pasado 17 de enero con destacadas actividades; conversatorios y exposiciones que culminaron con su devolución a la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, y que el Ministro de Cultura catalogó como “recuperación”, fue una treta encaminada a tergiversar la historia que tanto busca reescribir este Gobierno a su antojo y capricho. 

Robada la espada en 1974, hace 50 años, constituyó el acto central de la campaña promocional lanzada por un grupo de personas en la clandestinidad, con avisos publicitarios en medios masivos de comunicación en las principales ciudades del país, especialmente en Bogotá, anunciando la llegada del M-19, despertando, desde luego, la normal curiosidad. 

El comandante de la operación fue Álvaro Fayad alias El Turco, quien en compañía de otros tres ingresó sobre las 5 p.m. hora de cierre de la Casa Museo, intimidaron a los vigilantes y rompiendo la urna donde estaba la espada, esta fue empuñada por Fayad mientras los otros pintaban las paredes con el acrónimo M-19, dejando panfletos en el sitio y escapando en un Renault 6, para, posteriormente, adjudicarse el robo a través de un comunicado que finalizaba con la frase: “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”. 

Tras permanecer en distintos sitios, en 1989 estando en Panamá cuando la invasión estadounidense, la espada una vez más es regresada a Cuba por orden de Manuel Piñeiro, político y militar cubano, conocido como el comandante Barba Roja, responsable de la expansión de los grupos radicales de izquierda en América Latina. 

Tras la desmovilización del M-19 en 1990, la espada fue devuelta a Colombia y entregada por el presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez, al presidente de la Alianza Democrática M-19 Antonio Navarro Wolf, quien la entregó al gobierno colombiano, siendo depositada en la bóveda del Banco de la República donde permaneció por varios años, antes de ser ubicada en la Casa de Nariño. 

El robo, que lo fue de un símbolo nacional, para el Ministerio de Cultura fue la “recuperación” de la espada del Libertador como parte de un “acto contestatario y fundacional” de la guerrilla del M-19. Con esta absurda resignificación, el actual Gobierno llama a reflexionar sobre la necesidad de seguir construyendo una cultura de paz, en momentos en el que la inseguridad y la violencia se han apoderado nuevamente del país, como consecuencia de las acciones gubernamentales y la liberación de delincuentes, a quienes el Gobierno ha nombrado como Gestores de paz, propiciando el envalentonamiento de las bandas criminales. 

Este grotesco acto llamando “recuperación” a un robo, va en la misma línea del ELN, cuando llama “retención” al secuestro. 

La toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia, la toma de la embajada de la República Dominicana, los asesinatos selectivos, el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, podrán ser motivos de orgullo para un grupo terrorista como el M-19, cuando en verdad son actos delictivos que no pierden su razón de ser, así Petro y sus secuaces se hayan beneficiado de indultos y amnistías, a más de decretos de impunidad. 

En un trino la senadora María Fernanda Cabal le dijo: “Ya que tanto le gusta la verdad y la justicia, lo invito a que renuncie al indulto y la amnistía del M-19, para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares”, a raíz del despojo de las condecoraciones al General Jesús Armando Arias Cabrales. 

Petro respondió: “Senadora, la calumnia es un delito. Yo no he sido nunca amnistiado ni indultado y, por tanto, no tengo que responder por ningún crimen. He sido rebelde y revolucionario y espero seguir siéndolo”. 

Al asegurar Petro que nunca ha sido indultado ni amnistiado, tendrá entonces que demostrar que nunca perteneció al M-19, agrupación subversiva y terrorista que fue beneficiada con todos sus integrantes, primero; por la Ley firmada por el presidente Virgilio Vargas el 22 de diciembre de 1989 y la segunda, el 7 de julio de 1992, firmada por el presidente César Gaviria y cuyo ponente fue el senador Álvaro Uribe Vélez. El origen de esta Ley se debió a la tensión que suscitó la orden de la “juez de hierro” Clemencia García de Useche, quien iba a llevar a juicio y por ende a la cárcel a las cabezas del M-19 para que respondieran por los delitos de lesa humanidad, ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia.

Alberto Zuluaga Trujillo. 
Alzutru45@hotmail.com

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