El país de la belleza

 En septiembre del año pasado, en el teatro Faenza de Bogotá, se lanzó la nueva narrativa de Marca País con la que se busca impulsar el turismo, la inversión extranjera y las exportaciones no minero energéticas, evento encabezado por el presidente Petro. Se trata de la estrategia “Colombia, el país de la belleza”, que cuenta con 28.000 millones que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur y PROCOLOMBIA, ejecutará en los años 2024 y 2025. 

Haciendo honor a su nombre, el presidente Petro, que lo es del “país de la belleza”, alquiló una casa en Davos, Suiza, por $4.500 millones de pesos, en los que por tres días se pretendió realizar encuentros de inversionistas interesados en nuestro país, en el marco de la celebración del Foro Económico Mundial. 

Expertos en este tipo de certámenes han destacado que en realidad los líderes mundiales y los empresarios no salen del Centro de Convenciones y que es allí en donde se desarrollan todos los encuentros de primer nivel. 

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, a propósito de este escandaloso arrendamiento dijo: “Los que asisten a Davos son banqueros que van presurosos de sus alojamientos a los sitios de reunión a varios grados bajo cero y a menudo bajo la nieve; no creo que paren a hacer turismo en una casa promocional de Colombia. No es esta una feria turística, es un foro económico para la Cooperación Público Privada internacional”. 

El intermediario en este claro despilfarro es nada menos que el controvertido funcionario de la alcaldía de Petro, Juan Carlos Montes, el de la máquina tapa huecos, que lleva escondido en Suiza desde que se filtró el video en el que le entrega a Petro la famosa chuspa con fajos de billetes. 

Pero, además, la vitrina promotora de nuestras grandes fortalezas en la ciudad de Davos, comercializó un café que no es propiamente el de nuestras tiendas Juan Valdez, sino uno de origen español; Supracafé, de propiedad de amigos de Verónica Alcocer. 

No olvidemos que Xavier Vendrell, político catalán fue enjuiciado por la justicia española por corrupción, amigo cercano de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, el mismo con el que, junto a Manuel Graul Pujadas, les fue otorgada la nacionalidad colombiana de manera exprés por orden presidencial, a pesar de sus dudosos méritos. Ambos llegaron a la campaña Petro, junto con Eva Ferrer, quien fuera Consejera para la Reconciliación, impuesta por Alcocer, y distanciadas hoy en día. 

$4.500 millones por un arrendamiento de tres días, suena una suma descomunal para mortales comunes, pero, no así para el ordenador del gasto público nacional, cuya cifra es una bicoca dentro del inmenso presupuesto de la nación aforado en $502.6 billones de pesos y sobre el cual tiene un inmenso poder de destinación, poder que entre otras cosas utiliza para la compra de conciencias a través de subsidios que es lo que más le interesa por encima de la compra que hace de los congresistas para la aprobación de sus reformas, que en últimas, es una forma de entretener al pueblo mientras logra poner las instituciones de su lado para obtener el fin propuesto, que es la perpetuación suya en el poder, siguiendo rigurosamente la cartilla del “Foro de Sao Paulo”, que no es más que una asociación de partidos y grupos políticos de izquierda latinoamericanos.

Cuando movimientos como el liderado por su excompañero de armas Carlos Alonso Lucio apuntan a un juicio político para separarlo del poder por la vía Constitucional, este zorro político de Petro se parapeta en la sentencia proferida en el 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al señalar que solo un juez penal es competente para restringir derechos políticos electorales, al fallar en su favor a raíz de la declaratoria de inhabilidad por 15 años, ordenada por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez en el 2013, que lo encontró responsable disciplinariamente. 

La interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) ha propiciado el que día a día sean más jueces nacionales los que se oponen y rechazan las sentencias de la CIDH, por no respetar el principio de subsidiaridad que caracteriza al sistema. 

Pero de nada le servirá escudarse bajo esta sentencia, pues al encontrarlo culpable la Cámara de Representantes, lo acusará ante el Senado de la República que se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al Presidente a disposición de la Corte Suprema de Justicia, que es su juez natural. 

Al crecer como espuma el descontento nacional por quien el pueblo eligió mayoritariamente, solo nos queda esperar el fallo de este inevitable juicio político que lo pondrá en su sitio, haciendo justicia por los crímenes cometidos.

Alberto Zuluaga Trujillo. 
Alzutru45@hotmail.com 

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