Juicio de absolución

 Presentado el escrito de acusación contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por parte del fiscal conocedor del caso, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, al Consejo Nacional Electoral y a la Corte Suprema de Justicia, para que indaguen si se cometieron delitos en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. 

“Nicolás Fernando Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas, como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego”, dice la compulsa de copias del ente acusador. 

Por esta razón, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tomó la decisión de abrir una investigación en contra del mandatario de los colombianos, decretándose las pruebas correspondientes con el propósito de esclarecer los hechos. 

La decisión se tomó el pasado miércoles 13 de diciembre, esperándose las prácticas de las pruebas que habrán de ordenarse, para establecer las responsabilidades en la campaña Petro Presidente. 

Sin conocerse quién será el Representante investigador lo más probable es que se resuelva su acumulación con otros procesos relacionados, solicitud que ya fue presentada por la defensa de Petro, el abogado Mauricio Pava, al solicitar la apertura de la investigación previa dentro del expediente 6303, con el fin de que los tres Representantes que conocen del expediente 5914 puedan, en el caso que así lo consideren, reclamar la competencia por conexidad. 

Según el defensor, los hechos relacionados por Nicolás Petro tienen relación con los otros procesos por presunta financiación irregular, debiendo los tres Representantes asumir la indagación. Son ellos: Alirio Uribe Muñoz (coordinador), Gloria Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza. Por la integración de este triunvirato, es que hemos titulado la columna “Juicio de Absolución”, pues los Representantes Uribe y Arizabaleta son del Pacto Histórico, la coalición de izquierda que eligió al acusado que hoy gobierna. Sin lugar a dudas, será absuelto, pues no será su propio partido el que lo condene. 

Igual sucedió cuando el Proceso 8.000. ¿Habrá alguien hoy en el país, que dude de la intromisión de dineros del Cartel de Cali, en la campaña presidencial de Ernesto Samper? Y sin embargo fue absuelto, en un juicio vergonzoso presidido por el tristemente célebre Heyne Mogollón, presidente en ese entonces de la misma Comisión de Acusaciones que hoy ha abierto la investigación en contra del actual Presidente. 

Colombia vivió en ese entonces los cuatro años más desmoralizadores de su historia, al no gobernar por dedicarse de lleno a su defensa. Una Fuerza Pública desmoralizada, derrotada y humillada, en la que centenares de sus hombres fueron apresados por las Farc y varios de sus generales vinculados con el narcotráfico, situación que hoy vemos calcada, repetida sin variación alguna con el actuar de Petro. 

Samper, cínicamente dijo al sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, que él no fue más que una simple víctima. Su legado, sin duda alguna, arrasó con la ética en la política colombiana. De todos los procesos adelantados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, responsable de investigar al Presidente de la República, al Fiscal General y a los magistrados de las Altas Cortes, solo el caso del general Gustavo Rojas Pinilla pasó del Senado a la Corte Suprema de Justicia, al declararlo el Congreso indigno por abuso de autoridad y concusión en 1959, absolviéndolo siete años después, restituyéndole sus derechos civiles y políticos. 

Dos procesos más lograron llegar hasta la plenaria de la Cámara; el de Ernesto Samper Pizano y el del exministro de Obras, Humberto Salcedo Collante. Desde 1.972, la Comisión ha abierto 3.058 procesos, de los cuales ha archivado 1.765 y tiene 1.293 vigentes, no existiendo contabilidad de procesos anteriores a esta fecha. 

Podemos concluir entonces, que su existencia es un mero saludo a la bandera y, sobre su inoperancia, que no es admisible ni lógico que a un órgano eminentemente político se le revista con funciones judiciales. 

La apertura de esta nueva investigación, se constituirá en un motivo más de descrédito de dicha comisión legal, cuyo origen viene de la Constitución del 86, debiendo hoy ser eliminada para dar paso a una entidad, carente de origen político, integrada por miembros de elevadas calidades jurídicas, intelectuales y morales, que garanticen total independencia y transparencia. 

Alberto Zuluaga Trujillo.
Alzutru45@hotmail.com

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