Colombia, respira de nuevo

 El país que creyó que el cambio se podía hacer en cuestión de meses, le propinó un severo voto castigo al gobierno Petro y, por ende, a su partido El Pacto Histórico. Con una votación contundente, cercana al 50%, Carlos Fernando Galán se impuso en primera vuelta como Alcalde de Bogotá, el segundo puesto de elección popular más importante del país y bastión de la izquierda en las anteriores elecciones, con una votación de 1.474.159 votos, relegando a un tercer plano al candidato del Gobierno; Gustavo Bolívar, con un 18% de participación y una votación de 562.821 sufragios. 

En general, el Pacto Histórico y los partidos que lo integran, lograron malos resultados al responder a la lógica electoral que castiga o premia el desempeño del gobierno. 

Recién llegado Petro de China a donde viajó con el propósito de convencer al presidente Xi Jinping de modificar un tramo del Metro por uno subterráneo, tema en el que nada podía hacer el líder chino, Petro propuso convocar un plebiscito para que fueran los colombianos los que directamente decidieran, ya que la nación aporta el 70% de los recursos. 

Pues bien, el plebiscito que quería Petro ya se dio. Estas votaciones realmente lo fueron y los colombianos de manera clara y sin equívocos, expresaron su inmenso malestar y más que malestar, su total desacuerdo con lo que consideran un nefasto gobierno de la izquierda que, con solo un poco más de un año en el poder, ha hecho retroceder el país de manera preocupante, regresándolo, en materia de seguridad, por no mencionar sino este indicativo, a los niveles de altísima violencia que se vivía antes de la llegada de Uribe Vélez al poder, producto de medidas inverosímiles como la puesta en libertad de criminales a quienes otorgó credenciales de “Gestores de Paz” o el pago de $1.000.000 de pesos a delincuentes para “no matar”. 

Convencido Petro que este país, en cierta medida tranquilo y despreocupado, tenía vocación servilista, sin revoluciones ni alharacas, solo empuñando la única arma posible en una democracia, cual es la cédula de ciudadanía, lo derrotó en las mismas urnas en las que hace poco más de un año lo eligió para que hiciera realidad el cambio esperado. 

Advertido queda, de una vez y por todas, que ese estribillo torpe, propio de su sentir mesiánico, de que si mañana fueran las elecciones presidenciales volvería a ganar, es una calentura más producto de las efervescencias mentales que le producen sus constantes desapariciones, que la Casa de Nariño no aclara, pero que el país sí entiende. 

En esta paliza electoral que no admite y, antes, por el contrario, sostiene que el Pacto Histórico mucho avanzó, a más del triunfo de la centro derecha con Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez se impuso en Medellín, como igual lo lograron los dos Alejandros, Char en Barranquilla y Eder en Cali. 

En este año largo de Gobierno, en el que Petro se gastó todo su capital político en las reformas presentadas al Congreso, ahora sí que las mismas se van a enredar mucho más. 

Ante el costo descomunal de las recién pasadas elecciones, se hace inaplazable la adopción de fuertes medidas, tendientes a evitar que a ellas lleguen dineros de dudosa procedencia, que hacen de un evento democrático un proceso vergonzoso de corrupción a ojos vistos, erosionando la legitimidad de las instituciones y acabando con la confianza en la democracia. 

La reforma política contemplada en el Acto Legislativo 01 de 2003, modificó el proceso de selección de los magistrados del CNE que eran elegidos por el Consejo de Estado y estableció el nombramiento de nueve de ellos por el Congreso de la República, dando lugar a que sus decisiones estuvieran ligadas a intereses políticos, a más de que los partidos políticos con personería jurídica, son los que nominan los candidatos a magistrados del CNE. En consecuencia, su actuar está estrechamente ligado a las dinámicas políticas del Congreso, que siempre ha buscado que las regulaciones de financiamiento electoral sean débiles. 

Es de destacar que la Ley 1475 de 2011 le otorgó al CNE plenas facultades para aplicar sanciones al incumplimiento de las normas electorales, pero, pese a esto, su fuerte vinculación política se lo impide. 

La dependencia de recursos privados conlleva riesgos de corrupción, al verse obligados los candidatos a recompensar a los donantes con contratos, puestos públicos u otros favores. 

Una reforma sustancial del CNE es inaplazable, debiéndose convertir en un Tribunal Electoral, adscrito a la rama judicial, en donde la sección quinta del Consejo de Estado, actúe como segunda instancia del mismo.

Alberto Zuluaga Trujillo. 
Alzutru45@hotmail.com

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