Pese a todo, le quedamos debiendo

 Definitivamente el “Gobierno del cambio” puso patas arriba a la justicia. Con la firma de la resolución 244 de 2023, del pasado 14 de agosto por el presidente Petro, nombrando al exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, la polémica no dio espera. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que una vez regrese a Colombia quedará en libertad. 

Según la resolución, Mancuso, quien permanece en Estados Unidos en un centro de migrantes mientras es deportado, deberá firmar un compromiso ante el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con el cual se comprometa a garantizar la seguridad de los ciudadanos y autoridades judiciales en Colombia, debiendo rendir informes sobre sus actividades como gestor de paz. 

Esta figura fue creada en la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 2272 de 2022, buscando designar personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que desde la cárcel presten sus buenos oficios para alcanzar acuerdos humanitarios o a avanzar en la consolidación de los mismos. 

Valga anotar que los voceros de paz, designados como tal por la ley, cuyo nombre cambió Petro por gestores de paz, debe recaer sobre personas privadas de la libertad que no hayan sido condenadas, pues las ampara la presunción de inocencia. En todo caso, la ley de paz total no dispone la concesión de amnistías ni indultos. Una cosa es la facultad presidencial para nombrarlos, y otra muy distinta la de declararlos en libertad, correspondiendo solo a las autoridades judiciales su excarcelación. 

Iniciadas las negociaciones con el ELN sin condicionamiento alguno y decretado el cese al fuego entre las partes, se conoce el plan de este grupo criminal para atentar contra las vidas de Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, de la senadora opositora María Fernanda Cabal y del general retirado; Eduardo Zapateiro, poniendo en evidencia el obcecado plan de impunidad del Gobierno Petro, que lo mantuvo en reserva para evitar entorpecer el proceso de paz con este grupo narcocriminal. 

Perplejos quedamos con las palabras del Alto Comisionado de Paz: “La pública comunicación del ELN manifestando su rechazo, no deja dudas de que este señalamiento es un claro sabotaje a los avances de paz con el Ejército de Liberación Nacional”. 

Para el cabal cumplimiento de lo ordenado por la Ley 2272, se debe mirar caso por caso, pudiendo el Presidente de la República elegir entre todas las personas privadas de la libertad, a quién nombrar como vocero o gestor de paz, remitiendo el acto administrativo al poder judicial para que sea este el que decrete la orden de excarcelación, evitándose la impunidad y ruptura del equilibrio de poderes. 

Por todo lo anterior, lo anunciado por el ministro de Justicia Néstor Osuna, de que una vez llegue a territorio nacional Salvatore Mancuso quedará en libertad, es totalmente falso, pues es esta una decisión que solo compete a los jueces de justicia y paz. 

Petro tiene poder para designarlo gestor de paz, pero lo que no tiene es capacidad de darle libertad. 

Aun más, su designación como gestor de paz en manera alguna significa el cierre de sus procesos jurídicos, los cuales continúan, pues solo se suspende la medida de aseguramiento y en caso de ser requerido, deberá responder ante las autoridades competentes. 

Mancuso, de llegar a Colombia que lo ha pedido en extradición, espera someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP, que en dos ocasiones ha rechazado su solicitud de sometimiento como tercero civil, abriéndole la oportunidad única de ingresar bajo la figura de “sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública”, es decir, alguien que actuó como bisagra entre los paramilitares y la Fuerza Pública. 

Pero lo que llama la atención es que Mancuso, quien se responsabilizó de la muerte de más de 5.000 civiles y que como jefe del Bloque Catatumbo infiltró a todas las ramas del poder público, ante los reparos hechos por la Procuraduría por su nombramiento como gestor de paz le haya asegurado a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, “que no tiene rabo de paja”. “He venido actuando desde hace 17 años, contando verdades y honrando mi palabra”. En suma, los colombianos todos quedamos a deberle a este narcocriminal, a quién Petro quiere cubrirlo con el manto de una vergonzosa impunidad.

Alberto Zuluaga Trujillo 
alzutru45@hotmail.com 

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