LA INVESTIGACIÓN DE ODEBRECHT EN EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

LINA MARÍA ARANGO DÁVILA,  @linamariaarango
ASESORA EN TRANSPARENCIA, GOBERNANZA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

LA INVESTIGACIÓN DE ODEBRECHT EN EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

La corrupción de los gobiernos comienza en la financiación de las campañas y aunque los ciudadanos poco acceso tienen a la información sobre la fuente de recursos de los candidatos, los carteles de corrupción si tienen claro que para apropiarse de las entidades públicas, decisiones de gobierno y contratación estatal, lo primero que deben hacer es garantizar que quien sea electo, responda por la “estabilidad de la organización”. Esos recursos, provenientes ya sea de carteles de corrupción o de narcotráfico no son reportados en las cuentas oficiales de las campañas y normalmente circulan en efectivo para la compra de votos, pago de consultores políticos o estrategas de marketing y actividades poco éticas asociadas al día de elección. El fin es ganar y cooptar la institucionalidad.

Un ejemplo claro es el caso Odebrecht, el más representativo de corrupción en América Latina, donde se financiaron políticos – de izquierda y de derecha -, se realizaron alianzas con empresarios y entregaron coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del 12 países (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela) para obtener beneficios en contrataciones públicas. En Colombia el caso Odebrecht permeó las campañas presidenciales de 2014, con ingresos de dineros tanto en la campaña del entonces electo presidente Juan Manuel Santos como en la de Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, ha sido evidente que las investigaciones en Colombia fueron sesgadas desde la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral – CNE- y los Partidos Políticos. ¿Por qué?

En 2014 y a pesar de las evidencias, la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Martínez, con el argumento de que los delitos eran electorales, decidió no investigar las conductas asociadas al proceso electoral y trasladar el caso al CNE, entidad que en 2017 y 2018 archivó los procesos por “falta de pruebas”. El CNE, presidido en esa época por Alexander Vega del Partido de la U (actual Registrador), estaba conformado por nueve magistrados representantes de los partidos políticos, entre ellos Carlos Camargo (actual Defensor del Pueblo) del Partido Conservador y Felipe García del Centro Democrático (Embajador de Países Bajos en 2018) quienes con Vega, recusaron a Armando Novoa, magistrado representante del Partido Verde y quien fue el único que se opuso a archivar las investigaciones. Novoa fue separado de las investigaciones, con el argumento de tener prejuicios frente a la misma.

El artículo 109 de la Constitución Política prohíbe la financiación extrajera de campañas electorales y la legislación establece sanciones. Las malas conductas pueden implicar a los partidos políticos la imposibilidad de presentar candidatos, multas, devolución de los recursos de reposición de votos y la pérdida de personería jurídica. Sin embargo, como se ve en caso ODEBREHT, los partidos políticos son protegidos desde el CNE y poco asumen la responsabilidad administrativa y electoral a la que están sujetos. La estructura electoral está dada para proteger precisamente a quienes se debe sancionar.