ÉTICA EMPRESARIAL Y FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA EN RISARALDA

@linamariaarango

LINA MARÍA ARANGO DÁVILA
ASESORA EN TRANSPARENCIA, GOBERNANZA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

ÉTICA EMPRESARIAL Y FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA EN RISARALDA

¿Cuál es el compromiso del sector privado para aportar a la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en Risaralda?

A pesar de que organismos como la OCDE consideran que la corrupción distorsiona los precios y las condiciones del mercado, reduce la confianza en las autoridades, afecta el desarrollo económico sostenible, desincentiva la inversión, aumenta la incertidumbre para realizar transacciones económicas internacionales e incrementa los costes de operación de las empresas en las mismas, los esfuerzos para combatirla han sido insuficientes. De acuerdo con el estudio “Soborno corporativo como institución”, realizado por Gustavo Adolfo Yepes, PhD (Ciencias Empresariales) y Julián Mauricio Cruz, MSc (Estadística), investigadores de la Universidad Externado de Colombia, el soborno es una práctica institucionalizada – sistema de reglas sociales establecidas e incorporadas- por gran parte del sector empresarial. De acuerdo con el estudio, el 91% de los empresarios participantes en la encuesta consideran que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos; los montos del soborno pueden alcanzar en promedio el 17.3% del valor del contrato y el 58% de los empresarios encuestados afirmaron que “si no se pagan sobornos se pierden negocios”.

Odebrecht es sin duda el caso más emblemático y reciente sobre lo que significa la corrupción y las alianzas ilegales entre sector público y privado con el fin de apropiarse de la contratación estatal. Sin embargo, al ser este un caso del más alto nivel empresarial y de gobierno, “el ciudadano de a pie” lo percibe lejano, a pesar del impacto que causó en las obras de infraestructura vial y el inadecuado manejo presupuestal, que al final nos convierte a todos en víctimas de la corrupción. 

En el nivel territorial y en época electoral las empresas y su relación con los gobiernos locales y las campañas territoriales, pueden sin duda jugar un rol prioritario para incidir en las iniciativas anticorrupción. Lastimosamente, la agenda público privada en Risaralda no ha priorizado este tema como parte de sus apuestas de desarrollo regional. Por el contrario y a pesar de los valiosos esfuerzos de gobernanza de la Sociedad de Mejoras - ANDI - y los puentes generados entre sector empresarial, candidatos y academia, la agenda Transparencia, integridad y lucha contra la corrupción ha brillado por su ausencia en la contienda electoral. 

La financiación de campañas desde las empresas de la región es una manera de aportar a la democracia en el Eje Cafetero, siempre y cuando esta se realice de manera legal, transparente y con fines de bienestar colectivo. La mejor manera de incidir en la agenda anticorrupción por parte de los empresarios que se preocupan por la ética de lo público, sería condicionar las donaciones a un compromiso claro de control social, político y de gobierno en el marco de una política pública de integridad. Pero además y no menos importante, es dar ejemplo desde sus propios comportamientos en su relación con las autoridades locales, donde la cultura de la legalidad, la tributación justa y responsable y la sanción social a los gobernantes que hacen parte de carteles de corrupción, sea su sello de integridad.