Pagar por no matar

Refiriéndose al programa “Jóvenes en paz”, el presidente de la República desde Buenaventura anunció el pago por no matar: “Serán miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no participar de la violencia y por estudiar”. Sin duda alguna, todo lo que haya que hacer para la búsqueda de la paz, todo lo que signifique mayor justicia social, reindivicación de derechos, impulso decidido a la educación, mecanismos y políticas tendientes a superar la desigualdad, tienen por qué contar con la aprobación unánime del país al estar en sintonía con el mandato constitucional de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, consignado en su artículo 13. 

Acostumbrados como estamos a los arrebatos verbales de Petro, pareciera este ofrecimiento algo de poca monta, cuando en realidad es de una trascendencia única. Pagar por no matar da la sensación de que el asesinato no es un delito, pudiendo ser objeto de negociación o transacción. Suena más bien a un incentivo para la criminalidad. 

Pagar por no matar, es un llamado a los jóvenes que no lo han hecho para que lo hagan y poder beneficiarse del subsidio. Además, es “injusto y discriminatorio” en la medida que solo beneficia a quienes han abrazado la criminalidad, dejando tras puertas a la inmensa cantidad de jóvenes que sin recursos ni oportunidades, incapaces han sido de transgredir la ley y de edificar un prontuario de azarosos procederes, para hacerse al beneficio ofrecido por el Gobierno del cambio. 

La propuesta tiene el riesgo, dicen los críticos, de cooptar a los jóvenes quienes, con el pago de un millón de pesos mensuales, terminarán engrosando sus activas milicias, al estilo violento de los colectivos venezolanos. 

Peor mensaje no pudo ocurrírsele a quien siendo la primera autoridad de la Nación, llamado está a hacer cumplir la ley y a respetarla, no ofreciendo pago alguno por no quebrantarla. 

Nos sentimos estrujados y ofendidos en nuestra condición de ciudadanos rectos y probos con esta chantajista oferta, que es una más dentro de esa inentendible propuesta de negociar con los criminales de todas las pelambres. 

En un país de grandes desigualdades y protuberantes injusticias, los subsidios son una manera de aliviarlas. Muchos son los programas que destinan importantes ayudas hacia los más desprotegidos de la sociedad, permitiendo a una inmensa población acceder a bienes y servicios que de otra manera no llegarían; como “Ingreso Solidario”, “Familias en Acción” y “Bono Hambre Cero”, que unificados hoy bajo el programa “Renta Ciudadana”, dejó por fuera a más de dos millones de hogares pobres, en medio de esta alarmante carestía. 

Pero otra cosa es la intención del mandatario de alimentar su populismo con esta lógica perversa, buscando que más colombianos día a día le agradezcan su dependencia, generando lealtades a cambio de subsidios. 

Al unificarlos, el Gobierno, a través del Departamento de la Prosperidad Social (DPS) que es la que los gestiona, sacó a los bancos privados de los giros monetarios y a dedo, sin licitación, se lo entregó al Banco Agrario, carente de infraestructura tecnológica suficiente. De ahí las interminables colas a las que la prensa hizo alusión en días pasados en la entrega de los mismos, el 14 de julio, siendo un desastre calculado, ya que a Petro esta aglomeración humana lo envanece, pues lo importante para él es realzar su generosidad ante los millones de ojos que la observan. 

La asistencia pública debe ser temporal, puesto que está dirigida a subsanar problemas coyunturales. Esta vieja estrategia de los gobiernos populistas para generar relaciones clientelistas, que es lo que está haciendo Petro con su aparente “generosidad social”, no soluciona la miseria, antes, por el contrario, la agrava y la perpetúa. 

Una cosa es ayudar a sectores vulnerables de la sociedad y otra, muy distinta, es entregar los impuestos de los colombianos a los pillos y criminales que tienen sumido al país en una nueva ola de barbarie y de total inseguridad. 

Ya el ELN señaló al Gobierno de incumplir los compromisos monetarios adquiridos para el inicio del cese al fuego bilateral que entrará en vigencia este 3 de agosto y sobre el que Petro, una vez más, mintiéndole al país, ha negado. 

Antonio García, su máximo comandante, volvió a contradecirlo y exige la entrega del dinero para atender la “alimentación, salud, ropa y condiciones básicas de la tropa” durante el tiempo de negociaciones. Al igual que las Farc, sus billones guardados no los tocan. 

Alberto Zuluaga Trujillo 
alzutru45@hotmail.com

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