La protesta social es un derecho

En un pronunciamiento hecho por la senadora María Fernanda Cabal, contestando un trino de Sofía Petro en respuesta a la también senadora Paloma Valencia, en relación con las protestas violentas en Brasil, la senadora Cabal sostuvo que “la protesta no es un derecho” y agregó: “Es una acción, una actividad derivada del derecho a la manifestación pacífica no violenta. Este se deriva del derecho fundamental a la libertad de pensamiento y expresión. Una cosa es una cosa, y otra cosa, es otra cosa.” Pues bien, si la protesta es una acción derivada del derecho a la manifestación pacífica no violenta, igual es un derecho. 

Y así lo consagra nuestra Constitución en su artículo 37 que textualmente reza: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. 

En idéntico sentido la Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas sentencias, que los colombianos estamos habilitados para alzar la voz, reunirnos pacíficamente y el Estado está obligado a proteger, respetar y garantizar dicho derecho. 

Por su parte la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 13, consagra las manifestaciones públicas y el ejercicio a la libertad de expresión como elementos centrales de las protestas. 

Como este derecho no es absoluto, la Corte Constitucional es precisa al señalar el rechazo a la violencia en las manifestaciones, pudiendo el Estado irrumpir al momento que se presenten desmanes sin extralimitarse en el uso de la fuerza pública, salvaguardando no solo el derecho a la protesta de los marchantes, pacíficos y no pacíficos, sino garantizando la vida, la integridad física y el derecho a la libertad. 

Lo sucedido en Brasilia, una semana después de la toma de posesión de Luiz Inacio Lula da Silva, quien derrotó a su rival de extrema derecha en las elecciones de octubre, fue un verdadero “asalto a la democracia”, en donde miles de seguidores del expresidente Bolsonaro invadieron y se tomaron los edificios del Congreso, la Presidencia y del Supremo Tribunal Federal, en una jornada de caos en el que las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 1.500 personas que, arropadas con los colores de la bandera nacional, superaron a la policía en unas escenas similares a la invasión del Capitolio en Estados Unidos, hace dos años, el 6 de enero de 2021, protagonizada por simpatizantes de Donald Trump. 

Tras la derrota electoral de octubre, muchos bolsonaristas se niegan a aceptar el triunfo de Lula, temiendo las consecuencias de un gobierno de izquierda que, como los instaurados en América Latina, tienen en Venezuela un claro referente de tan amarga experiencia. 

Nosotros, los colombianos, nos encontramos en una situación de gran similitud, pues habiendo ganado la izquierda por un margen demasiado estrecho, elegimos un presidente que cuenta con medio país a favor y medio en contra, por lo que debió poner en marcha un acuerdo de gobernabilidad con los viejos partidos tradicionales a los que ha fustigado duramente a lo largo de su trayectoria política, poniendo a su servicio y provecho ingentes cantidades de mermelada, la misma de la que se quejó abiertamente desde el Senado, señalando al gobierno que sucedió de utilizarla de manera generosa. 

Si bien hoy la incertidumbre es altamente preocupante y no contando al término de estos cinco meses de mandato con todos los que lo eligieron, lo cierto y real es que su elección se dio dentro de los márgenes constitucionales, razón para ser respetada por la totalidad de los colombianos que vemos en la democracia, uno de los mayores valores de nuestra institucionalidad. 

Distinto es que ante el incumplimiento del programa de gobierno presentado por Petro como candidato y no existiendo en nuestra normatividad constitucional la revocatoria del mandato presidencial, exijamos pacíficamente la aplicación de lo prometido en una masiva presencia en las calles que le indique al mandatario el descontento generalizado de un pueblo que no acepta el descarado engaño, al tiempo que exija de manera perentoria a sus representantes en el Congreso una acción contundente que exprese el rechazo del poder legislativo a un gobierno en abierta contradicción flagrante que traiciona lo propuesto, cobrando en las elecciones de octubre el proceder de la clase política, no ajustado a sus pretensiones. 

Es eso y nada más lo que queremos.

Alberto Zuluaga Trujillo. 
Alzutru45@hotmail.com

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