Criminales a la calle

Tamaño embrollo se ha suscitado con la negativa de la Fiscalía a levantar las órdenes de captura contra los miembros de dos organizaciones al margen de la ley; el Clan del Golfo y Los Pachenca, a las que el Gobierno se refiere con nombres distintos: Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Autodefensas de la Sierra Nevada, buscando amortiguar un poco la rabia y la resistencia generada ante la decisión de sacar a la calle como voceros, a reconocidos delincuentes de estos grupos criminales, e iniciar con ellos negociaciones de paz que los llevaría a obtener beneficios como rebajas de penas y no extradición. 

La paz total deja de ser un simple concepto para convertirse en política de Estado, en donde los acuerdos que se logren tengan un carácter vinculante, para que no sean interrumpidos durante su implementación, como ha ocurrido con el de La Habana. 

La apuesta integral por desarticular la criminalidad sin dar la espalda a las víctimas, tendrá que contar con una prudente y bien calculada estrategia, teniendo claro que es admisible que el Estado converse y llegue a acuerdos con organizaciones que han tomado las armas con propósitos políticos, no así con organizaciones meramente criminales que, cambiando de nombre, pretenden igualarse a aquellas, cuando toda su actividad ha estado dedicada al narcotráfico, a la extorsión y a la minería ilegal. 

Su única alternativa legal, es el sometimiento a la justicia. 

Y es aquí en donde el Gobierno encontró una Fiscalía que, como infranqueable muro, se opuso a sus pretensiones politiqueras, más no jurídicas, negándose a levantar las órdenes de captura contra los cabecillas de estas organizaciones, argumentando que no se cumplen los requisitos de ley exigidos. 

Mientras el Gobierno se ratifica en que sí tiene facultades legales para pedir la suspensión, la Fiscalía controvierte sustentando la opinión contraria. 

En este país de leguleyos, avivatos y gentes sin escrúpulos, que eligieron y apoyan este Gobierno que se hace llamar del cambio, bien se identifican con los congresistas que arrodillados reciben las instrucciones sobre cómo deben votar las reformas, los mismos que permitieron, conscientes o no, el paso de un soberano mico en la aprobación del marco legal con el que se pretende la excarcelación de estos criminales, la ley 2272 de noviembre 4 de 2022. 

Esta ley que modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, es la que define la política de paz y en la que se apoyó Petro para ordenar la suspensión de las órdenes de captura contra los cabecillas de las organizaciones criminales. 

En esta ley de 20 artículos y un sinnúmero de parágrafos, aparece el Artículo 8 repetido 5 veces en su nomenclatura, con 15 parágrafos. 

En este monumento al adefesio jurídico, en el Artículo 8 en su parágrafo 2° acomodaron el mico en el que sustenta su autorización el Gobierno: “Artículo 8, Parágrafo 2°. 

Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz; - ojo, aquí el mico - o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten acercamientos, conversaciones o se suscriban términos de sometimiento a la justicia, con el fin de hacer tránsito al Estado de Derecho”. 

Los partidos gobiernistas, con especial mención del Liberal y del Conservador que hacen parte de la aplanadora gubernamental, son los responsables de que los criminales encarcelados vuelvan a las calles, unos, porque poco les importó y otros, porque muy ocupados andaban hartándose de la mermelada servida, y eso que el partido Conservador dizque ya anda muy molesto, pues, sus altos dirigentes con cuatro o cinco de sus familiares colocados, no aceptan que el último de los suyos por colocar, no aparezca en la nómina de los abultados sueldos. 

Ante este panorama, el peligro estriba en que el mandatario frustrado al ver un poder judicial que reivindica con plena autonomía su poder dentro del Estado, y la lentitud y dificultades que encuentra al querer hacer las cosas por las vías institucionales, su ego, más afín en hacer las cosas a su voluntad sin cortapisas, decida, de una vez por todas, despreciar el Estado de Derecho que allí lo llevó, para tornarse autoritario y despótico como los de su clase.

Alberto Zuluaga Trujillo. 
Alzutru45@hotmail.com

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