¿Habrá sanciones ejemplares?

 El 26 de septiembre de 2016, buscando poner fin a cerca de sesenta años de guerra con las FARC, se firmó en Cartagena el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

En desarrollo de la misma, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, como mecanismo de justicia transicional, encargada de investigar y juzgar a los miembros de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública y terceros que hubieren participado en el conflicto armado interno. 

Desde el inicio de labores en marzo de 2017, esta es la primera vez que la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), expide una resolución de conclusiones sobre la responsabilidad del antiguo Secretariado, considerada por algunos sectores como poco resultado, después de un lustro de existencia. 

Por la vía del Acuerdo de Paz, las FARC se comprometieron a entregar las armas, a no incurrir más en delitos como el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores, el narcotráfico, y a cesar los ataques a la Fuerza Pública y a la población civil. 

En virtud del reconocimiento voluntario de verdad y responsabilidad ante la JEP, se comprometieron a reparar a las víctimas, debiendo cumplir con la satisfacción de sus derechos, claramente estipulados en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, contemplado, además, en la figura de las Sanciones Propias (SP), las cuales serán impuestas por la JEP en las sentencias, en un plazo no superior a seis meses. 

En esta resolución de conclusiones, la Sala recomienda sanciones de cinco y ocho años, que bien pueden cumplirse a través de Trabajos, Obras, Actividades con contenido Reparador y Restaurador (TOAR), habiéndose aprobado por la Sala cuatro proyectos restaurativos, presentados por los mismos ex FARC, consistentes en desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas. 

“Estas inhumanas condenas”, deberán borrar de las mentes colombianas más de 23.300 secuestros cometidos y aceptados por ellos, al igual que 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de seis millones de desplazados. 

A través de la extorsión y la droga, las FARC lograron ubicarse como el segundo grupo armado más rico del mundo, al obtener ingresos de más de 1000 millones de euros anuales. 

En el manual de la JEP que estipula el tipo de sanciones se lee claramente que las penas alternativas de 5 a 8 años serán impuestas cuando se aporte “verdad plena”, y sanciones ordinarias con privación de la libertad por un período de 15 a 20 años, para quienes no reconozcan ni aporten a la verdad. 

¿Para el común de los colombianos ha habido por parte de las FARC verdad plena y reparación real y efectiva? No solo las FARC sugieren qué tipo de sanciones deben recibir, sino que los cientos de miles de millones que poseen, no en pesos sino en dólares y euros, no han sido denunciados para reparar a sus víctimas. 

Esperaremos a que se cumpla el plazo de seis meses para ver la sentencia y conocer las penas que finalmente imponga la JEP al Secretariado, porque, muy por el contrario, la diligencia con que la JEP se ha movido para llevar a nuestros militares a las audiencias públicas, difiere de la de ellos absolutamente en todo y por todo. 

El reclutamiento de menores de edad, sometidos a violencia sexual, tratos crueles, humillantes y degradantes, ha sido plenamente documentado por la JEP, constatando en sus investigaciones un número no inferior a 18.667 niños de ambos sexos, al igual que la violación como arma de guerra perpetrada contra niñas y mujeres, poniendo al descubierto las atrocidades cometidas. 

En diversos lugares las desnudaban, les cortaban el cabello y las hacían caminar por el pueblo ante la mirada de sus moradores, violándolas masivamente y desterrándolas como escarmiento por supuestamente dar información al ejército. 

Si bien hemos dicho que el Acuerdo Final era necesario para aclimatar la paz, y pese a que esta no se ha logrado de manera plena, lo cierto y real es que de no haberse firmado, los muertos hoy sumarían una cifra por demás aterradora. 

Nunca, en parte alguna, los alzados en armas han firmado para irse a la cárcel. 

Pero aun sin ser enviados tras las rejas, deben ser sancionados de manera ejemplar, perdiendo los derechos políticos y obligándolos a reparar a las víctimas conforme se comprometieron. 

Este papelón de justicia no puede, de manera alguna, ser pasaporte de impunidad para tan atroces crímenes.

Alberto Zuluaga Trujillo 
alzutru45@hotmail.com

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