Vuelve y juega la reforma agraria

En el concierto latinoamericano somos el país que más persistentemente ha buscado una reforma agraria a partir de la redistribución de la tierra. 

Los más de ochenta años de legislación sobre la misma, muestran un deplorable resultado al hacer un balance sobre el desarrollo rural y el bienestar campesino. 

Durante el siglo XX intentamos tres reformas agrarias, siendo la presentada por el gobierno de Alfonso López Pumarejo en 1936 la primera en hacerlo, expidiéndose la Ley 200 o Ley de Tierras y con ella, la extinción de dominio sin indemnización a los propietarios de tierras que no explotaran como mínimo el 60% de sus posesiones. 

El arranque fue exitoso hasta el final de su mandato en 1938, estancándose en el siguiente gobierno de Eduardo Santos que se declaró en contra. 

Reelegido López Pumarejo en 1942, no encontró respaldo en su partido que estaba unido en disidencia con el conservatismo, debiendo presentar su renuncia en 1945, sin cumplir el mandato constitucional. 

Creado el Frente Nacional, se inicia el primer gobierno de la coalición bipartidista en 1958 con Alberto Lleras Camargo, quien retomó la ley de extinción de dominio y readjudicación de tierras liderada en el Senado por Carlos Lleras Restrepo, dándose inicio al Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA, creado por la Ley 135 de 1961. 

En 1966 el liberalismo obtiene la presidencia con Lleras Restrepo, dándole nuevo impulso a la reforma agraria con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, lográndose bajo su gobierno la redistribución más grande de tierras hasta hoy conocida. 

Alejadas estas de las principales vías de comunicación hicieron difícil y costoso el transporte de las cosechas con el consiguiente perjuicio para los productores campesinos, que se vieron arruinados en su ambiciosa intentona. 

En 1972, bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero, se llevó a cabo el “Pacto de Chicoral” en el Tolima, en donde se acordó presentar la ley de contrarreforma que acabó de un plumazo con las iniciativas de López Pumarejo en 1936, Lleras Camargo en 1961 y Lleras Restrepo en 1966. 

Las leyes 4 y 5 de 1973 y 1975 sepultaron definitivamente nuevos intentos de reforma agraria, pues dichas leyes abandonaron la redistribución de las tierras, privilegiando la productividad industrial y devolviendo a los terratenientes la posibilidad de seguir acrecentando el latifundio. 

Pese a las grandes extensiones de tierras cultivables, importamos entre 13 y 14 toneladas de alimentos anuales, (el 30% de lo que consumimos) pudiendo producirlos. 

Gaviria, con su Canciller Nohemí Sanín, en su afán de lograr la secretaría de la OEA, comprometieron al país en la compra de grandes cantidades de cereales y otros productos agrícolas, especialmente con México y Estados Unidos, desestimulando enormemente los cultivos de pan coger: maíz, sorgo, soya, fríjol, lentejas entre otros, los cuales empezaron a ser adquiridos en varios países americanos con el consiguiente daño y quiebra de los productores nacionales, no así para el expresidente que logró su cometido de ser nombrado Secretario General de la Organización de Estados Americanos OEA, períodos 1994 – 2004. 

Igual, los grupos al margen de la ley se han venido apoderando, cada vez más de grandes extensiones de tierra, produciendo el brutal desplazamiento de nuestros campesinos. 

De ahí, la importancia del anuncio hecho por el gobierno de dar cumplimiento al acuerdo de paz firmado entre Santos y la guerrilla de las FARC, cuyo primer punto contempla la tan aplazada reforma agraria, firmándose el acuerdo con la Federación de Ganaderos (Fedegán) para la compra de tres millones de hectáreas que serán entregadas a campesinos, comunidades indígenas y afros, en desarrollo del programa de “democratización” del campo colombiano. 

Quiera Dios, esta loable iniciativa no sea convertida en otra vena rota del Estado, en el que los colombianos tengamos que constatar el día de mañana otro vergonzoso escándalo de corrupción como venimos ya acostumbrados, pues, pareciera ser el normal proceder en las negociaciones entre funcionarios públicos y privados. 

Que la estricta vigilancia no llegue tarde, como tarde está llegando Petro a sus infaltables compromisos oficiales. 

El cambio del modelo económico propuesto de acabar con la dependencia del petróleo para darle el impulso requerido al campo colombiano, no pasa de ser una propuesta populista cuyo efecto primero es la disparada del dólar, con el cual tendremos que hacer frente para la adquisición de insumos y fertilizantes que no producimos.

Alberto Zuluaga Trujillo
alzutru45@hotmail.com

Compartir por WhatsApp