Seguimos dando bandazos

 Transcurridos 85 días desde la posesión de Petro como Presidente de los colombianos, aun no sabemos para dónde vamos. 

Su política económica es abiertamente contradictoria e inoportuna. 

En campaña fue enfático en señalar que una reforma tributaria no podía golpear de manera alguna a los que poco tienen, centrándose bajo su gobierno en combatir la elusión y la evasión y, por sobre todo, en corregir la desigualdad en el cobro de los tributos. 

Los centros de pensamiento mucho han enfatizado en la importancia que tienen los impuestos en la reducción de los niveles de desigualdad, medición que se hace a través del coeficiente de “Gini”, el cual subió durante la pandemia, ahondando preocupantemente la pobreza. 

De ahí su propuesta de una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. 

Consideró la reforma tributaria como un pago solidario de las personas más pudientes para ayudar a las que poco o nada tienen. 

“No es un asunto de caridad sino de solidaridad”. 

Su propuesta en campaña fue la de impulsar “impuestos saludables” para mejorar el acceso a alimentos y bebidas de calidad nutricional, comprometiéndose, además, en no extender el IVA a la canasta familiar. 

Como fue presentada la iniciativa y la forma como atropelladamente fue tramitada en las comisiones económicas del Congreso, contradice la realidad de lo propuesto en campaña. 

Las contradicciones entre el Ministro de Hacienda y la Ministra de Minas y Energía son cada vez más evidentes. 

Mientras Irene Vélez anuncia que el Gobierno no otorgará más contratos de exploración de hidrocarburos, José Antonio Ocampo dice que esa decisión no ha sido tomada todavía. 

No siendo nosotros emisores significativos de CO2, tan solo el 0.3% dentro del contexto mundial, acabar con la industria de los hidrocarburos que produce el 40% de los ingresos nacionales por exportaciones y el 9% del PIB, considerado por esto dentro de la literatura económica como “economía petrolera”, de nada servirá nuestro aporte al cambio climático, más sí destruirá nuestra economía, haciéndonos dependientes del petróleo y del gas extranjero. 

No nos oponemos a la transición energética que es necesaria, solo pretendemos que se haga pausada y responsablemente. 

Con la propuesta de reforma agraria, Petro anuncia la compra de tres millones de hectáreas para ser repartidas entre campesinos sin tierra, debiendo el ministro Ocampo salir al paso para hacer claridad, diciendo que esa compra no podrá hacerse con bonos de deuda pública, como lo había prometido el Presidente. 

El país hoy transita un camino de total inseguridad, alimentado por un lenguaje doble y confuso que, desde la Casa de Nariño, envía un mensaje de ambigüedad, improvisación, desconfianza y temor, por la suerte futura de la nación. 

El 2023 se proyecta, bajo estas circunstancias, como un año de muy bajo crecimiento y de atenernos a los pronósticos de recesión de la economía mundial, el crecimiento será de cero. 

El momento demanda decisión y firmeza, hechos que no se ven en un Gobierno inseguro y mucho menos en un Congreso enmermelado e irresponsable que, lejos de ser el contrapeso necesario para que el Ejecutivo no se desvíe del recto camino, las distintas posiciones de los partidos allí representados lo denuncian ante el electorado como un Congreso de vergüenza, arrodillado y no dispuesto a defender a sus representados como lo es el pueblo y menos, los valores de dignidad y decoro, mas sí, dispuesto a saciar sus incontenibles ansias burocráticas. 

El hundimiento de la propuesta de gravar las pensiones no fue el resultado de favorecer a los pensionados más bajos en la escala salarial, sino un acuerdo entre el presidente Petro y las bancadas de gobierno, en una clara defensa de las pensiones de los congresistas, una de las más altas del país. 

Pese a argumentar el Gobierno que hubo amplia discusión de la reforma en foros y reuniones con los gremios, la figura del “fast track” y el mensaje de urgencia que acorta los tiempos y no deja espacio para un debate profundo, hacen que este trámite no encaje dentro de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, según los cuales, el debate parlamentario debe garantizar el principio democrático que es la expresión de todas las corrientes de pensamiento representadas en las plenarias de Senado y Cámara y no como hoy ocurre, imponiendo la aplanadora estatal. 

Alberto Zuluaga Trujillo
Alzutru45@hotmail.com

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