Los narcobienes

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), denominada anteriormente Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) es, a no dudarlo, una de las entidades estatales más saqueadas en toda su historia. 

Terminada la liquidación de la DNE, proceso que comenzó por los numerosos escándalos de corrupción que comprometían a congresistas y funcionarios con el manejo fraudulento de los bienes incautados a las mafias, el 30 de septiembre de 2014, tres años después de que Juan Manuel Santos, presidente en eses entonces anunciara la supresión de ese organismo, todos sus activos, que para la fecha sumaban 70 mil propiedades, pasaron a la nueva entidad, bajo la vigilancia del Ministerio de Justicia. 

La SAE es una filial de la Central de Inversiones S.A. 

(CISA), una sociedad comercial de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda, sujeta al régimen de derecho privado, la cual se encargó del manejo de estos bienes, específicamente los que se encontraban en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). 

Al crearse la SAE y encargarse del manejo de estos valiosísimos bienes, dos propósitos fundamentales eran su objetivo. 

Uno, que la SAE y CISA, con su experiencia y conocimiento hicieran un manejo eminentemente técnico en beneficio de los intereses del Estado, como la política de restitución. 

Y dos, alejarlas de la injerencia de los políticos, funcionarios judiciales u otros grupos de presión en el manejo de los bienes. 

Ninguno de los objetivos se cumplió. 

A la luz pública se han filtrado apartes de las investigaciones adelantadas sobre el manejo de los narcobienes incautados a capos y ladrones de cuello blanco, en los que se señala que buena parte de sus avalúos, no solo están desactualizados, sino que registran cánones absurdos que a las claras indican manipulación. 

Avalúos que no superan los 100 mil pesos, correspondiendo en su mayoría a casas y predios rurales. 

Una finca de 112 hectáreas, estratégicamente ubicada, que paga 64 mil pesos mensuales de arriendo. 

El designado director de la SAE, Daniel Rojas, al hacer un corte de cuentas ante el Senado la semana pasada dijo: “El gran problema de esta entidad son los inventarios. 

No tenemos certezas sobre los valores catastrales, mucho menos los comerciales, ni de los predios ni de las sociedades. 

Desde el empalme no contamos con un inventario transparente ni un sistema informativo. 

Más de 12 mil vehículos fueron entregados en papel y solo se encontraron un poco más de cinco mil. 

Hemos aplicado correctivos como lo sucedido con la cementera mexicana Cemex que pagaba un millón de pesos por el arriendo de una mina de caliza en Maceo, Antioquia y ahora está pagando 60 millones mensuales. 

Ávila admite que nadie sabe cuántos bienes fueron desaparecidos de los inventarios que de la DNE pasaron a la SAE. 

Esta recibió un inventario de 19.819 inmuebles y 502 reportados como perdidos. 

¿Cuál es la real cifra de los desaparecidos? El país nunca lo sabrá. 

Pero lo que sí es claro para el común de los colombianos, es que la responsabilidad no solo llega hasta los funcionarios que la dirigieron, como el condenado Carlos Albornoz Guerrero, exgobernador de Nariño y exsenador de la República, sino hasta los expresidentes que los nombraron y permitieron semejante feria, en que costosos inmuebles, ganados, obras de arte y dinero en pesos y dólares, fueron manejados como bienes propios, sin un riguroso control y estado de cuentas. 

¿Qué hacen las ÍAS? ¿Contraloría, Procuraduría y Fiscalía? Todo en este país hiede y pese a ese fétido hedor, tienen hasta la osadía y la concha de sacar pecho y reclamar para sí grandes reconocimientos. 

Vergüenza debería darles, dejarse colgar sobre las solapas, medallas y cordones por sus pírricos esfuerzos. 

Cada que veo en la prensa el homenaje y galardones entregados a estos funcionarios-negociantes, alcanzo a ver en ellos el rictus hipócrita que reflejan, al interiormente reconocer que poco o nada se merecen. 

Si bien lo hicieron, era su deber, pues, al posesionarse, juraron cumplir cabalmente con la tarea encomendada. 

Y si mal se desempeñaron, es la justicia la que debe colocar, sobre esas mismas solapas, los carteles de reos que se merezcan. 

No más impunidad, no más saqueos.

Alberto Zuluaga Trujillo 
alzutru45@hotmail.com

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