Aguinaldo irresponsable

Alberto Zuluaga Trujillo

Mientras los colombianos nos alistábamos para la cena navideña, agradeciendo a Dios lo recibido durante el 2021, y esperanzados confiábamos en la llegada de un 2022, libre de malos presagios y desagradables sorpresas, con unas autoridades pensando en el bien de los gobernados, empezando por el primer mandatario, a quien creíamos dedicado a buscar como aligerar la pesada carga de nuestra deuda pública, con la que el próximo gobierno deberá lidiar, el presidente Duque, fiel a lo que ha sido, una verdadera caja de sorpresas, se anticipó con su aguinaldo a la nación al expedir el decreto 1851 del 24 de diciembre de 2021, por medio del cual creó 1.208 nuevos cargos en la Procuraduría, aumentando la nómina de la entidad en 11 mil 930 millones de pesos. Para hacerlo, ya tenía el camino despejado, pues, como diría el Chapulín, no contábamos con su astucia. 

La ley 996 de 2005, llamada Ley de Garantías, que busca la transparencia en las votaciones, estableciendo limitaciones, entre otras, la contratación pública y la congelación de la nómina oficial, para garantizar la igualdad de los candidatos en las elecciones en todo el territorio nacional, fue suspendida parcialmente, al permitirse la celebración de contratos administrativos e interadministrativos para la ejecución de los recursos públicos, aprobada por el Congreso en un mico colgado a la Ley de Presupuesto General del 2022, presentado por la Presidencia de la República. 

Como ya lo habíamos anotado en otra de nuestras columnas, antes de ser elegido Presidente, en un debate en el que se discutía una propuesta idéntica del Gobierno anterior, para la modificación de dicha Ley, Duque expresó en el Senado: “Me parece muy grave que el gobierno haya presentado un proyecto a través del cual le quiere hacer una excepción a la Ley de Garantías para permitir que en época electoral los gobernadores y alcaldes puedan llevar a cabo convenios interadministrativos y además, puedan contratar de manera directa para comprar votos”. 

Hoy, olímpicamente la justifica, al decir que la no reelección presidencial y la pandemia, crearon un escenario diferente. Desde que las disculpas se hicieron el gato no come queso. Cuando al Congreso se presentó la reforma del Código Disciplinario la procuradora Margarita Cabello negó tajantemente que se fueran a crear cientos de cargos en la entidad y agregó: “Lo que se pretende es dar cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de separar investigaciones de juzgamientos, para lo cual se requiere de una reestructuración y determinar luego si se requieren nuevos cargos y proceder a nombrar los pocos que hagan falta, siempre y cuando lo permita una situación económica adecuada”. 

Los pocos cargos que se requirieron no fueron sino 1.208 y la situación económica adecuada permitió incrementar en un 13% el presupuesto para el 2022, costándole a los colombianos 1.8 billones al año. 

Es absolutamente inmoral que, en medio de una de las peores crisis de nuestra historia, el Gobierno, en cabeza de Iván Duque ponga a disposición de la Casa Char, de la cual es cercana la procuradora Cabello,1208 empleos para ser nombrados a dedo por Alex Char, para aceitar su precandidatura presidencial. Sueldos que fluctúan entre 34 millones para Procuradores Delegados y cargos de Auxiliares Administrativos, con salarios mínimos de 3 millones mensuales, es la bicoca con que Duque dilapida el exiguo presupuesto nacional para darle gusto a sus amigos, pues bien sabido es que el candidato de su partido, el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, no es el santo de su devoción. Estas acciones facilitan, sin duda alguna, el acceso de Petro al poder. 

Alberto Zuluaga Trujillo
alzutru45@hotmail.com

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